En el marco del pensamiento económico y político que lideró el proceso de reestructuración macroeconómica en Argentina desde comienzos de los años noventa, se pusieron en marcha un conjunto de políticas e instrumentos específicos destinados a fomentar y facilitar la reconversión productiva y modernización empresarial del segmento de pequeñas y medianas empresas (PYME). Estos instrumentos fueron, por lo general, de un carácter muy diferente a los implementados en el pasado en varios sentidos. Por una parte, se intentó propiciar una mecánica de acción fuertemente basada desde la demanda, desde los usuarios de los instrumentos; quienes debían precisar sus requerimientos, definir los proyectos que atendieran a sus necesidades, seleccionar a los oferentes de los servicios y compartir los costos de los mismos. En cierto sentido, estas políticas buscaban atender las demandas puntuales de las empresas y además crear una situación de mercado en la cual se canalizasen posteriormente los requerimientos empresariales. Un funcionamiento de estas características permitiría tanto desarrollar un sistema relativamente libre de precios por los servicios como introducir elementos claros de competencia entre los oferentes, rompiendo la modalidad de mercados cautivos, cuando opera como oferente de las acciones previstas en los instrumentos de políticas un proveedor público. Por otra parte, se intentó diferenciar las funciones estatales de orientación y definición de las políticas públicas de las funciones de la gestión y administración de programas e instrumentos; así, se buscó no sólo mayor transparencia en la asignación de los recursos públicos entre los beneficiarios sino además una mayor eficiencia en la administración misma de estos recursos, una reducción en los costos operativos y una mayor accountability del manejo de los recursos financieros asignados al Programa